• Póliza de terrorismo para automóviles, sólo es válido si demuestra el ataque

    Área Comercial

    La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia recordó que el siniestro en materia de seguros es la realización del riesgo y su demostración le compete al asegurado, en los términos de los artículos 1072 y 1077 del Código de Comercio.

    Esa carga, advirtió, comprende todos los aspectos convenidos en la póliza, donde se delimita su alcance y las circunstancias que dan lugar al pago de la indemnización, de ahí que no es suficiente con acreditar el daño sufrido sino, además, requiere acreditar que la forma como se causó encaja dentro de las eventualidades previamente demarcadas.

    Así las cosas, indicó que cuando se ha adquirido un seguro de automóviles póliza de terrorismo, cuya cobertura se circunscribe a los actos de esa índole cometidos únicamente por grupos subversivos, el asegurado debe demostrar que el daño fue efectivamente causado por un grupo al margen de la ley y no iniciar una reclamación con base en un daño sufrido en una zona de influencia guerrillera.

    Esto quiere decir que un solo indicio, como puede ser la presencia de un comando de las Farc en un área de influencia donde se produce la quema del automotor, es insuficiente para dar por sentado que ese suceso en particular fuera el resultado de un ‘acto terrorista’, con mayor razón si las circunstancias que lo rodearon distan de las que son determinantes de esa categorización.

    Finalmente, el alto tribunal de la justicia ordinaria concluyó entonces que “en materia de indicios, específicamente, el impugnante tiene la carga de demostrar que las inferencias elaboradas por el juzgador fueron manifiestamente erróneas, si es que la decisión se basó en ellas” (M. P. Ariel Salazar).

    Corte Suprema de Justicia Sala Civil, Sentencia SC-162782016 (08001310301220080019301), Nov. 11/16

     

  • La dotación de chalecos antibalas por parte de empresas de vigilancia a trabajadores, no es obligatoria

    Área Laboral

    La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia explicó, al resolver un recurso de casación, que ni la legislación colombiana ni la jurisprudencia ha establecido exigencias cuando una empleadora de vigilancia dota a su trabajador de un arma de fuego.

    En tal virtud, aseguró la corporación que ni el Decreto 2535 de 1993, ni el Decreto 356 de 1994 y tampoco el Decreto 1979 de 2001 imponen a las empresas de vigilancia la obligación de dotar de chalecos antibalas a quienes se les suministre armas de fuego y presten sus servicios en puestos fijos.

    Es importante resaltar que el Decreto 2535 de 1993 establece normas sobre armas, municiones y explosivos, el Decreto 356 de 1994 expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada y el Decreto 1979 de 2001 expide el manual de uniformes y equipos para el personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada.

    De igual forma, agregó que esta obligación tampoco surge de las obligaciones especiales previstas en los artículos 56 y 57 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que lo que estas disposiciones imponen, específicamente en el numeral 2 del artículo 57, es procurar a los trabajadores elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, en forma tal que se les garantice razonablemente su seguridad y su salud.

    Por otro lado, resaltó la providencia que el trabajo de vigilancia en determinados eventos, bajo circunstancias fácticas precisas, constituye una actividad de alto riesgo, como es el caso de las compañías que prestan servicios de escoltas a personas o bienes o se resguardan valores, dinero, joyas, etc., toda vez que los vigilantes se encuentran expuestos de manera latente a la delincuencia común y organizada. (M.P. Clara Cecilia Dueñas)

    Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL-170262016 (39333), Nov. 16/16  

     

  • Principio de favorabilidad en materia aduanera, obligatorio.

    Área Tributaria

    La aplicación del principio de favorabilidad constituye una manifestación del derecho al debido proceso, al cual tiene derecho cualquier persona y que por mandato del artículo 29, numeral 1, de la Constitución Política se aplica a toda clase de actuaciones administrativas y judiciales, así lo precisó recientemente el Consejo de Estado.

    De igual forma, acorde con los artículos 512, 513 y 520 del  Decreto 2685 de 1999, explicó que si antes de que la entidad aduanera profiera el acto administrativo definitivo que resuelva de fondo o antes de emitir la liquidación oficial de corrección se expide una norma que favorezca al interesado, la autoridad aduanera deberá aplicar el principio de favorabilidad.

    Es importante resaltar que la anterior disposición de la ley que modificó la legislación aduanera es de obligatoria aplicación, aunque el contribuyente no invoque la aplicación de dicha norma, advirtió la Sección Cuarta.

    Por otro lado, la corporación agregó que la aplicación de este principio no está limitada a las sanciones, dado que se puede aplicar cuando exista una norma favorable al administrado, que puede ser relativa a sanciones o a tributos aduaneros.

    Finalmente, indicó que esta figura jurídica es aplicable de oficio, bien sea por la Administración como por la Jurisdicción, toda vez que esta debe garantizar el debido proceso y el derecho de defensa (C. P. Martha Teresa Briceño De Valencia).

    Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia 13001233100220120006201 (21455), sep. 15/16

     

  • ¿En riesgo titularidad de las acciones por embargo?

    Área Comercial

    El embargo de acciones no afecta, bajo ningún punto de vista, la titularidad de las mismas ni impone restricción distinta de la libre negociación, precisó la Superintendencia de Sociedades.

    Por lo tanto, el propietario conserva los derechos de que trata el artículo 379 del Código de Comercio, como ser convocado, participar en las reuniones del máximo órgano social y deliberar y votar en ellas, salvo recibir dividendos.

    Una vez recibida la orden judicial, el representante legal, con el fin de perfeccionar la medida cautelar, debe registrar en el libro de acciones el embargo correspondiente, de lo cual es necesario informar al mismo juzgado en la oportunidad legal exigida.

    Inscrito el embargo, las acciones quedan fuera del comercio y, en ese estado, el representante legal se obliga a impedir su transferencia o negociaciones, a menos que medie autorización judicial.

    Finalmente, agregó, la actuación del secuestre se circunscribe al plano patrimonial y a los dividendos; de existir, una vez aprobados por el máximo órgano social, deben ser puestos a órdenes suyas, en proporción a lo que corresponda a las acciones afectadas por la medida cautelar.

    Supersociedades, Concepto 220-196570, Oct. 18/16

     

  • Demandan Ley de Protección al Cesante

    Área Laboral

    La Corte Constitucional admitió una acción pública de inconstitucionalidad que ataca el artículo 3° y el numeral 2° del artículo 13 de la Ley 1636 del 2013, por medio de la cual se crea el mecanismo de protección al cesante en Colombia.

    Esta normas establecen como uno de los requisitos para acceder a este beneficio que se hayan realizado aportes durante un año continuo o discontinuo a una caja de compensación familiar durante los últimos tres años para dependientes y dos años para independientes.

    Para el demandante, las disposiciones acusadas desconocen el principio de igualdad de oportunidades para los trabajadores, consagrado en el artículo 53 de la Constitución.

    “La obligación de dos años de aportes a cajas de compensación para independientes frente a la misma exigencia pero de solo un año para dependientes establece abiertamente un trato desigual e injustificado”, concluyó el ciudadano.

    Corte Constitucional, Demanda D-11731, 11/08/16

     

  • Ley 1816 del 2016 : Monopolio rentístico de licores

    Área Tributaria

    El pasado 19 de diciembre, el Ejecutivo sancionó la Ley 1816 del 2016, que fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados. También se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares.

    La norma busca obtener recursos para los departamentos, con una finalidad social asociada a la financiación preferente de los servicios de educación y salud.

    En adelante, se entenderá que el monopolio rentístico versará sobre la producción e introducción de estos productos y cada departamento ejercerá la distribución y comercialización de los licores que produzca directamente.

    Los departamentos que decidan ejercer el monopolio como arbitrio rentístico serán titulares de las rentas de ese monopolio, teniendo en cuenta las destinaciones específicas definidas en la Constitución y la ley.

    Tarifas

    El impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares está conformado por un componente específico y uno ad valórem.

    La base gravable del componente específico es el volumen de alcohol que contenga el producto, expresado en grados alcoholimetricos, y la base gravable del componente ad valórem es el precio de venta al público por unidad de 750 cc, sin incluir el impuesto al consumo o la participación, certificado anualmente por el DANE, garantizando la individualidad de cada producto.

    A partir del próximo 1° de enero del 2017 se liquidará el tributo de esta manera:

    Componente específico: La tarifa del componente específico del impuesto al consumo de licores, aperitivos y similares por cada grado alcoholimétrico en unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente será de $ 220. Por su parte, la de vinos y aperitivos vínicos será de $ 150 en la misma unidad indicada.

    Componente ad valórem: Este componente se liquidará aplicando una tarifa del 25 % sobre el precio de venta al público, antes de impuestos y/o participación, certificado por el DANE. En relación a los vinos y aperitivos vínicos será del 20 % sobre el precio de venta al público, sin incluir los impuestos, certificado por el DANE.

    En el evento de existir discrepancias sobre el primer dictamen de la base gravable, los interesados podrán solicitar al Invima que certifique el contenido alcoholimétrico de los productos previstos en esta ley, como segunda instancia definitiva. Si el Invima encuentra una inconsistencia entre el contenido alcoholimétrico y lo previsto en la etiqueta habrá lugar a la revocatoria, sin perjuicio de las sanciones administrativas, fiscales y penales correspondientes.

    Adicional a esto, quedarán gravados con el impuesto sobre las ventas a la tarifa del 5 % los bienes sujetos al impuesto al consumo de licores que trata el artículo 202 de la Ley 223/95.

    Por otro lado, se facultó a los departamentos para que soliciten la defensa comercial de los licores que producen, a través de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ante amenazas como el dumping, subsidios o subvenciones o por aumento de las importaciones. En adelante, los licores destilados serán considerados como un producto sensible en la lucha contra el contrabando.

    Controles

    Según la normativa, los importadores, introductores y productores deberán suministrar al respectivo departamento y a la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, de manera semestral, la información detallada sobre sus cadenas de suministro y distribución. Teniendo en cuenta las facultades de fiscalización, esta información podrá ser solicitada en cualquier momento.

    Congreso de la República, Ley 1816, Dic. 19/16

     

  • La reticencia se configura cuando se acredita la mala fe del tomador del seguro

    Área Comercial

    Según la Corte Constitucional, la figura de la reticencia se refiere a la inexactitud u omisión en la información entregada por el tomador del seguro en el momento de celebrar el contrato y trae como consecuencia la nulidad relativa del mismo.

    Específicamente, advirtió, lo que se sanciona es la mala fe, por lo que corresponde a la aseguradora la carga de la prueba de esta.

    A su juicio, esto ha sido definido teniendo en cuenta que la entidad es la única que puede saber con certeza que por esos hechos el contrato se haría más oneroso o no se celebraría.

    No obstante, precisó que la reticencia no se sanciona cuando se comprueba que el asegurador conocía, o podía conocer, los hechos que dan lugar a su presencia.

    Esto último, precisamente, fue lo que motivó a que el alto tribunal ordenara el pago del valor pactado ante la ocurrencia de una incapacidad total o permanente en favor de una ciudadana que adquirió un seguro de vida estando diagnosticada con una enfermedad degenerativa.

    Para la corporación, la entidad se encontraba habilitada para conocer el estado de salud de la asegurada al momento de aceptar el contrato, pues su historia clínica siempre evidenció el padecimiento.

    Efectos de la reticencia

    Ese mismo pronunciamiento recordó que el artículo 1058 del Código de Comercio establece que la reticencia genera la nulidad relativa del contrato. Sin embargo, cuando la inexactitud proviene de un error inculpable o es subsanada por la aceptación de la entidad, el contrato no es nulo.

    En este sentido, resaltó que la inclusión de esa disposición tiene la intención de privilegiar la buena fe de los contratantes e imponer una sanción a quien no actúe conforme a dicho principio.

    Por lo anterior, concluyó que las sanciones estipuladas en el estatuto mercantil, como ocurre con los efectos de la reticencia, se encuentran dirigidas a quienes subjetivamente hayan actuado de manera deshonesta (M. P. Alberto Rojas).

    Corte Constitucional, Sentencia T-609, nov. 9/16

     

  • Para efectos de la pensión gracia, encargados del cuidado de menores en jardines infantiles no son docentes

    Área Laboral

    El Consejo de Estado aclaró que las funciones de cuidado de menores no se ajustan al concepto legal y natural de educador o docente, que es genéricamente quien desempeña el ejercicio de la enseñanza en los planteles autorizados por el Ministerio de Educación y bajo lo contemplado dentro de la ley y el reglamento, generando así una cláusula estricta de remisión.

    Dicha cláusula de sujeción legal y reglamentaria, explicó la corporación, se hizo en oposición a un entendimiento manejado al arbitrio de quién pretendiera tener de forma ilícita los beneficios de un educador sin serlo.

    Por consiguiente, precisó que no hay razón de ser para que el cargo de cuidadora en un jardín infantil se pueda equiparar a la docencia, en el sentido contemplado por la ley para obtener la pensión gracia, pues esta labor, en los términos de las leyes 116 de 1928 y 114 de 1913, está excluida de la prestación.

    De acuerdo con estas leyes, han tenido derecho la reconocimiento y pago de la pensión gracia los maestros de enseñanza primaria oficial, empleados y profesores de escuelas normales e inspectores de instrucción pública y maestros que hubieren completado los servicios en establecimientos de enseñanza secundaria, sin que estén en lista las personas que hayan prestado sus servicios en jardines.

    En cuanto a las funciones que envuelven el concepto de docente, el alto tribunal señaló que las labores de planeación, desarrollo, programación, estudio, refuerzo en hábitos de higiene, recibir y organizar papelería y demás no se relacionan con el ejercicio de la enseñanza, pues de ninguna se extrae la docencia en aula de clase cultivando contenidos académicos en escuelas secundarias o primarias (C. P. Sandra Lisset Ibarra).

    CE Sección Segunda, Sentencia 25000234200020130631001 (363314), 15/09/16

     

  • Ingresos relacionados con la constitución de servidumbres están gravados con renta

    Área Tributaria

    Los actos que generen ingresos relacionados con la constitución de servidumbres están gravados con el impuesto de renta y complementarios y se someten a retención en la fuente cuando quien realice el pago por estos conceptos tenga el carácter de agente de retención, indicó la DIAN.

    Por otra parte, señaló que así como las herencias, legados y donaciones se consideran ganancia ocasional, los ingresos producto de comodato y demás actos entre vivos contemplados en la legislación civil y comercial con la característica de gratuitos tienen el mismo tratamiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 302 del Estatuto Tributario.

    Las normas tributarias que otorgan beneficios son de carácter taxativo y su aplicación e interpretación es restrictiva a los hechos y situaciones previstos en la ley, por lo cual no corresponde extenderlos a aquellos contribuyentes, responsables, bienes, operaciones o actividades no mencionados en las normas legales, recordó.

    Así, el artículo 1° de la Ley 863 del 2003 señaló que, a partir del año 2004, los ingresos establecidos en el artículo 37 del Estatuto Tributario son gravados totalmente con el impuesto sobre la renta. Por lo tanto, el beneficio tributario que consagraba este artículo no procede en la actualidad.

    (DIAN, Concepto 1013 (29801), 01/11/2016)

     

  • Calendario tributario para el 2017

    Área Tributaria

    Por medio del Decreto 2105 del pasado 22 de diciembre, el Gobierno modificó el Decreto 1625 del 2016 (Decreto Único Reglamentario en materia tributaria) y estableció los plazos para declarar y pagar obligaciones tributarias en el año 2017.

    Inicialmente, se aclara que los contribuyentes no obligados a presentar declaración de impuesto sobre la renta son, entre otros, los empleados cuyo patrimonio bruto en el 2016 no exceda de $ 133’889.000; que sus ingresos brutos no superen los $ 41’654.000; sus consumos y compras con tarjeta de crédito no excedan los $ 83’308.000 o que no superen los $ 133’889.000 en consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras.

    En cuanto a los plazos para renta de grandes contribuyentes, organizados según el último dígito del NIT, la disposición indica que inician vencimientos desde el 8 de febrero y van hasta el 22 de junio del 2017. Es bueno recordar que se puede pagar en tres cuotas.

    Para personas naturales y sucesiones ilíquidas, presentación y pago en una sola cuota del impuesto, el plazo para declarar y cancelar inicia el 8 de marzo del próximo año y los vencimientos comienzan el 9 de agosto y van hasta el 19 de octubre del 2017.

    Con respecto al pago bimestral del impuesto sobre las ventas para aquellos cuyos ingresos sean iguales o superiores a $ 2.737’276.000, señaló que los vencimientos arrancan el 8 de marzo del 2017 y culminan el 24 de enero del 2018.

    En lo atinente al impuesto al consumo, el periodo es similar al de IVA mencionado.

    Finalmente, las fechas para declarar y pagar el gravamen a los movimientos financieros por parte de los responsables van del 7 de enero del 2017 al 10 de enero del 2018.

    Minhacienda, Decreto 2105, 22/12/16