• Concepto de la DIAN respecto al impuesto sobre las ventas y renta de Criptomonedas.

    Con relación al Impuesto sobre las ventas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante el Concepto 020733 del 8 de agosto de 2018, indicó que de conformidad con el artículo 420 del Estatuto Tributario, el impuesto se causará por la enajenación de bienes corporales y la venta o cesión de derechos sobre activos intangibles (literales a) y b), siempre y cuando estos activos estén asociados con la propiedad industrial.

    En este sentido, habría que determinar si las criptomonedas se podrían catalogar como intangibles de propiedad industrial, para así poder establecer si su enajenación causa el impuesto a las ventas, adicionalmente estos activos deberán ser contabilizados como inventarios, puesto que en caso de que se enajenen como activo fijo, no se estaría generando el impuesto sobre las ventas.

    Ahora bien, con relación al impuesto de renta y teniendo en cuenta que los cripotoactivos son considerados activos, los residentes colombianos que tengan en su patrimonio criptoactivos deberán declararlos en su declaración de renta anual. El valor por el cual deberán declarase, correponderá al valor patrimonial de éstas, ya sea como un activo intangible (inversión) o inventario. En consecuencia, se aplicará la norma de valor patrimonial de los activos que establece el artículo 267 y siguientes del Estatuto Tributario, es decir al costo, precio de adquisición o valor nominal.

    Los cambios del precio sobre estos activos, no serán tenidos en cuenta en materia fiscal, únicamente serán tenidos en cuenta al momento de la enajenación. Esto, de acuerdo al numeral 5 del artículo 28 del Estatuto Tributario.

    En este sentido en contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, solo se reconocerá el ingreso en el momento en el cual recibe el pago efectivo, mientras que sí es obligado a llevar contabilidad, este ingreso se reconocerá en el momento del devengo contable.

    Si bien el concepto manifiesta el tratamiento tributario que se le debe dar a las criptomonedas en cuanto al impuesto a las ventas y renta, éste no es lo suficientemente claro en cuanto a la causación del impuesto sobre el primero, toda vez que no define si las criptomonedas pueden ser catalogadas o no como propiedad industrial. Adicionalmente, y como es propio de las nuevas prácticas comerciales o de cualquier naturaleza que aparecen antes del derecho que las regula, la práctica sigue ajena a la regulación, toda vez, que a la fecha este tipo de activos son transferidos, en muchos casos, en la informalidad.

  • Diferencia Jurisprudencial Entre Empresa De Servicios Temporales, Contratista, Independiente y Simple Intermediario

    La Sala Laboral de Descongestión de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL-43382018 (59020) de septiembre 26 de 2018, precisó que son contratistas independientes y, por lo tanto, verdaderos empleadores y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva.

    En cambio, son simples intermediarias las personas que contraten servicios de otras para ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un empleador. Así mismo, se consideran como tal, las personas que agrupan o coordinan los servicios de determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un empleador para el beneficio de este y en actividades ordinarias inherentes o conexas del mismo.

    En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral en sentencia SL-170252016 (47977) de noviembre 16 de 2016, explicó que una empresa de servicios temporales (EST) es aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar transitoriamente en el desarrollo de sus actividades.

    Ahora bien, para el alto tribunal dicha colaboración solo es procedente en las específicas hipótesis de que trata el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, a saber:

    1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6° del Código Sustantivo del Trabajo.
    2. Cuando se requiere remplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad.
    3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los periodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis meses prorrogable hasta por seis meses más.

    Lo anterior significa que el uso de esta figura para vincular personal en misión en el marco de un proceso que no encuadre en estas causales, según el concepto de la Sala, socava su legalidad y legitimidad, y hace desaparecer el sustento contractual que justifica la presencia de los trabajadores en misión en la empresa beneficiaria.

    Razón por la cual concluyó que ante la falta de un referente contractual válido la EST pasa a ser un simple intermediario en la contratación laboral, y la empresa usuaria adquiere la calidad de verdadero empleador.

     

  • Examen Acelerado de Forma para registro de marcas y lemas comerciales.

    De acuerdo con la Resolución 70252 de 2018, la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de su plataforma SIPI crea la posibilidad de aplicar al examen acelerado de forma para registro de marcas (nominativa, figurativa o mixta) y lemas comerciales de forma totalmente gratuita.

    Este examen acelerado implica una reducción del tiempo de espera en la etapa de examen de forma, es decir, se logra una reducción entre el trámite de la presentación de la solicitud y su publicación en la gaceta de la Propiedad Industrial.

    Para poder aplicar a este examen acelerado se deben cumplir los siguientes requisitos:

    • Debe tratarse de solicitudes de marcas nominativas, figurativas o mixtas y/o lemas comerciales. No es posible acogerse al Examen Acelerado en casos de marcas no tradicionales, como, por ejemplo, marcas tridimensionales, de color, sonoras o de textura, así como marcas colectivas o de certificación.
    • La solicitud solo se realiza a través de la Oficina Virtual del Sistema de Propiedad Industrial-SIPI, accediendo a la página sic.gov.co.
    • El solicitante deberá hacer uso exclusivo del listado preaprobado de productos y/o servicios dispuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo tanto, los productos y/o servicios a identificar no podrán ser editados manualmente por el solicitante.
    • No podrá solicitarse el Examen Acelerado si se desea obtener algún descuento por concepto de: i) capacitación mediante el Aula de Propiedad Intelectual –API–; ii) recibir orientación a través del CIGEPI o los CATI; iii) ser artesano certificado como tal por Artesanías de Colombia o pequeño productor perteneciente al proyecto BID/FOMIN de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
    • El solicitante acepta la posibilidad de que la solicitud pueda ser devuelta al examen de forma, si durante cualquier momento del trámite la Superintendencia evidencia aspectos de forma que deben ser subsanados como, entre otros, la indicación de que determinadas expresiones son explicativas cuando en realidad no lo son o la no conformidad de la marca solicitada para registro con la etiqueta presentada.

    Finalmente, valga la pena resaltar que no es obligatorio para los solicitantes de marcas o lemas comerciales acogerse al Examen Acelerado de Requisitos de Forma, pues al momento de la radicación de la solicitud en la Oficina Virtual, se podrá escoger libremente entre la radicación convencional o si se opta por este beneficio.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tomado de: http://www.sic.gov.co/noticias/entra-en-funcionamiento-el-examen-acelerado-de-forma-para-registro-de-marcas-y-lemas-comerciales

  • COMERCIO ELECTRÓNICO. Beneficios de la Firma Digital

    La firma digital se encuentra definida y regulada en el literal c) del artículo 2° de la Ley 527 de 1999 y reglamentada en el Decreto 1747 de 2000, como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación. Este mecanismo criptográfico garantiza dos atributos propios de las comunicaciones electrónicas, siendo estas: la autenticidad, la integridad, y un tercero – de gran trascendencia jurídica- el no repudio.

    Es importante tener presente que al tratarse de una figura jurídica específica y regulada, debe atenerse a los requisitos establecidos para su validez. En primer lugar, el documento electrónico mediante el cual se emite la firma digital debe ser expedido por empresas – vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio- certificadas para ello y en cumplimiento de requisitos técnicos, económicos y jurídicos, en prestación de un servicio públicos, tales como Certicamara, Gestión de Seguridad Electrónica o Andes, además de someterse a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 527 de 1999, que determinó los atributos de la firma digital de tal manera que se permita identificar de manera univoca a una persona en medios digitales.

    Dicha certificación permitegarantizar:

    • Identidad y capacidad de las partes (emisor y receptor del mensaje).
    • Integridad de la transacción (verificar que la información no fue manipulada).
    • Irrefutabilidad de los compromisos adquiridos (no repudiación).
    • Confidencialidad de los contenidos de los mensajes (solamente conocidos por quienes estén autorizados). Esto, dado que la tecnología de la certificación digital permite el cifrado de mensajes de datos.

    El comercio electrónico y la firma digital como herramienta, como uno de sus beneficios, permiten llevar a cabo de una forma ágil y fácil negocios vía internet de manera segura y transparente, de tal manera que se cumplan los requisitos legales para la validez de los negocios jurídicos y de las relaciones comerciales

    A propósito, la Corte Constitucional colombiana Sentencia C- 662 de 2000, indicó: “La firma digital debe cumplir idénticas funciones que una firma en las comunicaciones consignadas en papel.” En consecuencia, y en concordancia con lo estipulado en el artículo 7 de la ley de comercio electrónico ya mencionada, cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de esta, en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho con la firma digital que tendrá la misma fuerza y efectos que el uso de una firma manuscrita, si aquélla incorpora los siguientes atributos:

    1. a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación;
    2. b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue generado o comunicado.

    Así las cosas, cuando una firma digital haya sido fijada en un mensaje de datos, se presume que el suscriptor de aquella tenía la intención de acreditar ese mensaje de datos y de ser vinculado con el contenido de este.

     

  • SMART CONTRACTS

    ¿En qué consiste un smart contract?

    Un contrato inteligente o smart contract es un código o protocolo informático que facilita verificar y hacer cumplir un contrato de manera automática. Estos contratos funcionan en la cadena de bloques -blockchain- y, a priori, no necesitan la intervención de las personas para comprobar y ejecutar su cumplimiento.

    A continuación, se mostrará un ejemplo para facilitar el entendimiento de que es un smart contract y cómo funciona:

    X es del Real Madrid y Y es del Barcelona. X apuesta que el Real Madrid gana el clásico y Y apuesta a que lo gana el Barcelona. Llevan a cabo la apuesta a través de un contrato inteligente, especificando las reglas del contrato y depositando los fondos en una cuenta neutra. Una vez se sepa quién gana, el contrato enviará los fondos apostados al vencedor de la apuesta.

    ¿Cómo funcionan?

    El código que constituye el contenido del contrato se almacena en blockchains. El código debe basarse en reglas lógicas: “Si pasa X… entonces Y” y debe estar acompañado de determinadas condiciones.

    Hay unos tipos de condiciones que hacen inexorable la necesidad de un agente externo que las verifique, estos agentes son conocidos como “oráculos” los cuales son instrumentos informáticos que permiten validar las condiciones previstas en los smart contracts. Generalmente hacen referencia a información externa para decidir si una cláusula del contrato ha sucedido o no.

    ¿Qué tienen de especiales los smart contracts?

    La razón principal se debe a la posibilidad que brindan los blockchains de permitirle a las personas que sean ellas quienes hagan cumplir los contratos, sin necesidad de intermediarios como jueces, notarios o árbitros.

    En este entendido, se diferencian de los contractos actuales en esa falta de necesidad de un intermediario pues hoy en día para que se pueda acceder de pleno al cumplimiento de los derechos se necesita que el Estado transfiera en un tercero su poder coercitivo para hacer cumplir los contratos o que las entidades financieras realicen las transferencias que los entes autorizados ordenen, significando así la necesidad imperante de un intermediario y de tiempo adicional para cualquier tramite relacionado al contrato. En consecuencia, el cumplimiento efectivo se ralentiza notablemente y depende de figuras subjetivas susceptibles de incurrir en errores.

    ¿En qué se diferencia con los contratos que conocemos?[1]

    • El lenguaje es de programación informática. Al igual que cada programa de ordenador o cada aplicación móvil están programados para realizar una serie de tareas, los contratos inteligentes también realizan tareas bajo unas instrucciones introducidas previamente.
    • Solo hay una única lectura posible: Si se da la condición establecida, el contrato ejecuta automáticamente la consecuencia a dicha acción.
    • La responsabilidad legal del smart contract sigue en desarrollo. Lo que es indudable es que no requiere de un intermediario ya que el contrato en sí es el intermediario de confianza, reduciendo así los costos y el tiempo de las interacciones.

    A modo de resumen, un contrato inteligente funciona de forma que las partes configuran los términos del contrato, éste se almacena en blockchains y cuando se dan los términos descritos, el sistema ejecuta el contrato y se dan las consecuencias descritas en el mismo. [2]

    Un futuro posible de estos contratos[3]:

    • En seguros podría llegar a tener mucha utilidad, por ejemplo, si firmamos un seguro que nos cubre frente a condiciones climáticas adversas, podríamos despertarnos a la mañana siguiente y descubrir que hemos recibido el pago antes incluso de saber que habíamos sufrido una pérdida.
    • En los contratos de préstamo, el smart contractpermite revocar automáticamente las claves digitales de acceso a fondos en caso de que el deudor no efectúe el correspondiente pago.
    • En contratos de compraventa de mercancías, el comprador del bien abona el pago a la cuenta del contrato y el mismo smart contractsupervisa a través de los programas de mensajería que la mercancía se ha transferido al comprador. Finalmente, el contrato inteligente abona de forma independiente los fondos de la cuenta al vendedor.
    • En herencias, a través de un proceso automatizado y conectado con el registro civil, el contrato entra en vigor tras verificar la inscripción del fallecimiento y los activos previstos se distribuyen de manera autónoma entre los herederos.
    • En contratos sujetos a condición, podría establecerse como condición de activación la mayoría de edad de un hijo para efectuar una donación. En ese caso, el smart contractse ejecutaría automáticamente para realizar la asignación de los bienes en donación.
    • Existen cerraduras electrónicas que se abren con tarjetas activadas, esto aplicándolo a los contratos inteligentes nos permite imaginarnos como sería en el ámbito de bienes inmuebles, por ejemplo, cuando se paga una estadía hasta el día X y las normas del lugar son que se debe de entregar la habitación a las 11am, la tarjeta funcionará y te permitirá el ingreso hasta el día que se pagó a las 11 am, esas serían las reglas del contrato que se ejecuta por sí mismo una vez pasa de esa hora.

    Esto haría posible que existan aplicativos como Booking o Airbnb pero sin su mediación ni sus comisiones, lo mismo podría ocurrir con plataformas de vehículos como Uber o Cabify, donde las relaciones se entienden como peer-to-peer o entre pares y así se ahorraría en comisiones de dichas plataformas y el tiempo en su gestión.

    Actualmente hay muchas dudas sobre los contratos inteligentes, pero todo parece indicar que entrarán en nuestra vida cotidiana en una multiplicidad de ámbitos, la principal es que habrá una fusión de los contratos tradicionales con los smart contracts, teniendo así un hibrido de contenido físico y digital, lo que nos pone a los abogados en una encrucijada donde nos tenemos que preguntar si llegó la hora de actualizar nuestros métodos y aceptar que el futuro esta llegando.

     

    [1]¿Qué son los ‘smart contracts’? https://retina.elpais.com/retina/2017/12/22/tendencias/1513937575_114270.html

    [2] Smart Contracts: The Blockchain Technology That Will Replace Lawyers

    [3] SMART CONTRACTS O CONTRATOS INTELIGENTES https://miethereum.com/smart-contracts/#toc2

  • Comercio Electrónico

    La firma digital se encuentra definida y regulada en el literal c) del artículo 2° de la Ley 527 de 1999 y reglamentada en el Decreto 1747 de 2000, como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación. Este mecanismo criptográfico garantiza dos atributos propios de las comunicaciones electrónicas, siendo estas: la autenticidad, la integridad, y un tercero – de gran trascendencia jurídica- el no repudio.

    Es importante tener presente que al tratarse de una figura jurídica específica y regulada, debe atenerse a los requisitos establecidos para su validez. En primer lugar, el documento electrónico mediante el cual se emite la firma digital debe ser expedido por empresas – vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio- certificadas para ello y en cumplimiento de requisitos técnicos, económicos y jurídicos, en prestación de un servicio públicos, tales como Certicamara, Gestión de Seguridad Electrónica o Andes, además de someterse a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 527 de 1999, que determinó los atributos de la firma digital de tal manera que se permita identificar de manera univoca a una persona en medios digitales.

    Dicha certificación permite garantizar:

    • Identidad y capacidad de las partes (emisor y receptor del mensaje).
    • Integridad de la transacción (verificar que la información no fue manipulada).
    • Irrefutabilidad de los compromisos adquiridos (no repudiación).
    • Confidencialidad de los contenidos de los mensajes (solamente conocidos por quienes estén autorizados). Esto, dado que la tecnología de la certificación digital permite el cifrado de mensajes de datos.

    El comercio electrónico y la firma digital como herramienta, como uno de sus beneficios, permiten llevar a cabo de una forma ágil y fácil negocios vía internet de manera segura y transparente, de tal manera que se cumplan los requisitos legales para la validez de los negocios jurídicos y de las relaciones comerciales

    A propósito, la Corte Constitucional colombiana Sentencia C- 662 de 2000, indicó: “La firma digital debe cumplir idénticas funciones que una firma en las comunicaciones consignadas en papel.” En consecuencia, y en concordancia con lo estipulado en el artículo 7 de la ley de comercio electrónico ya mencionada, cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de esta, en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho con la firma digital que tendrá la misma fuerza y efectos que el uso de una firma manuscrita, si aquélla incorpora los siguientes atributos:

    1. a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación;
    2. b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue generado o comunicado.

    Así las cosas, cuando una firma digital haya sido fijada en un mensaje de datos, se presume que el suscriptor de aquella tenía la intención de acreditar ese mensaje de datos y de ser vinculado con el contenido de este.

     

  • Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia. Robot asistente en la Superintendencia de Sociedades.

     

    La Superintendencia de Sociedades de Colombia anunció mediante comunicado de prensa del día 10 de octubre de 2018, que Siarelis (Sistema con bases de inteligencia Artificial para la Resolución de Litigios Societarios), el robot asistente, asesoraría a la Delegatura para los Procedimientos Mercantiles en la toma de decisiones en conflictos societarios, además de responder preguntas a los usuarios realizadas a través del sitio web de la entidad.

    El desarrollo de Siarelis, obedeció al trabajo conjunto de un equipo interdisciplinario de abogados especialistas en Derecho Comercial e ingenieros. No obstante, es de advertir que si bien el robot realiza una serie de preguntas al juez y al equipo sobre los hechos del caso a resolver y da su opinión respecto a la procedencia de las pretensiones del demandante, además de mostrar las sentencias o antecedentes judiciales más relevantes para el caso particular, se trata solo de un mecanismo no vinculante que sirve de guía y que no sustituye las decisiones del juez.

    El superintendente Francisco Reyes Villamizar, resalta que esta innovación pone al país como pionero mundial en la revolución digital, en especial lo atinente a la justicia, lo que permite una justicia más ágil y transparente.

    Así, la inteligencia artificial no solo se ha abierto camino en lo relativo a la prestación de servicios jurídicos y elaboración de productos legales tradicionalmente ofrecidos por abogados, sino que también empieza a abrirse camino en Colombia en lo relativo a la Administración de Justicia.

    La Administración de Justicia en Colombia ha sido objeto de diversas modificaciones que han propendido por su reestructuración para mejorar sus niveles de acceso, transparencia, eficacia y oportunidad, entre otros aspectos que hacen de la justicia en Colombia un sistema poco eficiente. Así, como una de las alternativas a explorar en el afán de encontrar la fórmula perfecta para una reforma a la justicia, está el uso de la Inteligencia Artificial como una de las tecnologías disruptivas, para el complemento de la labor de jueces y funcionarios de la justicia proporcionando herramientas para el procesamiento de la información dentro de los procesos judiciales, búsqueda y análisis de la normativa vigente aplicable a un caso particular, entre otras funciones, que pudieran resultar atractivas a la prestación y acceso al servicio de justicia en el país, que ahora, más allá de ser una utopía, encuentra su primera manifestación, si bien incipiente, en la práctica judicial del país.

     

    Referencias:

    https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2018/Supersociedades-el-primer-juzgado-de-Am%C3%A9rica-Latina-en-contar-con-un-robot-asistente.aspx

  • SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

    SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

    Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales (con cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión), deben implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

    Así las cosas, para implementar un SG-SST, el Ministerio de Trabajo ha realizado unas pasos que se deben tener en cuenta: Realizar la evaluación inicial; identificar los peligros, evaluar, valorar los riesgos y gestión de los mismos; definir la política y los objetivos; plan de trabajo anual del SG SST; programa de capacitación, entrenamiento, inducción y re inducción en SST; prevención y preparación ante emergencias; reporte e Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; definir los criterios para la adquisición de bienes y servicios o contratación de servicios con las disposiciones del SG SST; medición y evaluación de la gestión en SST e implementar acciones preventivas y correctivas.

    De esta manera, si una empresa incumple con la implementación del SG-SST, las normas en salud ocupacional y aquellas obligaciones propias del empleador, previstas en el Sistema General de Riesgos Laborales, acarreará multa de hasta quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, graduales de acuerdo a la gravedad de la infracción.

    En caso de reincidencia en tales conductas o por incumplimiento de los correctivos que deban adoptarse, formulados por la Entidad Administradora de Riesgos Laborales o el Ministerio de Trabajo debidamente demostrados, se podrá ordenar la suspensión de actividades hasta por un término de ciento veinte (120) días o cierre definitivo de la empresa, como se estipuló en el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012.

    La Resolución 1111 de 2017, estableció la definición del cómo y cuándo se debe entregar la implementación del SG-SST teniendo en cuenta que, para el 31 de diciembre de 2020, las empresas deberán tener en funcionamiento dicho Sistema; para lo cual dividió por etapas el proceso de ejecución, a tener en cuenta:

    1. Fase de evaluación inicial (junio – agosto de 2017). Las empresas deberán autoevaluarse con el fin de identificar las prioridades y necesidades en SST
    2. Plan de mejoramiento (septiembre – diciembre de 2017). El resultado de la autoevaluación y se puede ejecutar en tres o seis meses. Para aquellas empresas calificadas como críticas (menos del 60 %), deben hacerlo en tres meses, y las que estén calificadas como moderadamente aceptable (puntaje superior al 60 % e inferior al 86 % en la autoevaluación) deben hacerlo en seis meses, mientas que las empresas que superen el 86 % se considerarán aceptables y no requieren estrictamente de un plan de mejoramiento, pero sí deben tener un plan de trabajo anual.
    3. Ejecución del SG-SST (enero – diciembre de 2018). En diciembre de 2018 se prepara el plan de trabajo anual para el 2019 (identificación, intervención y monitoreo de los factores de riesgo).
    4. Seguimiento y plan de mejora (enero a marzo de 2019). Se hace un seguimiento a la implementación del SG-SST. Se revisa el cumplimiento de los procedimientos, el funcionamiento del sistema, realización de inspecciones, seguimiento de las no conformidades al sistema, cumplimiento del plan de auditorías y del plan de capacitación, evaluación de la política y alimentación de los indicadores, entre otros.
    5. Inspección, vigilancia y control (abril de 2019 en adelante). El Ministerio de Trabajo podrá empezar a ejercer su función de inspección, vigilancia y control del SG-SST, el cual será hará con mayor frecuencia a partir del primero de enero del 2020.

    Finalmente, los planes de mejoramiento resultantes de las autoevaluaciones deben ser registradas en las ARL a partir del 2020. Allí utilizarán la información con el fin de orientar las visitas que hagan a las empresas y ayudarlas a obtener el reconocimiento oficial de que están implementando el SG- SST.

  • Equivalencia funcional de los medios electrónicos.

    EQUIVALENCIA FUNCIONAL DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS.

    El principio de los equivalentes funcionales de los negocios jurídicos celebrados a través de medios electrónicos respecto de aquellos negocios jurídicos suscritos en forma escrita y oral, constituye el principal fundamento de la interrelación del derecho con las nuevas tecnologías, más aún cuando se habla del llamado comercio electrónico.

    Dicho principio indica que la función jurídica que cumple la instrumentalización escrita y autógrafa respecto de todo acto jurídico, la cumple de igual forma la instrumentalización electrónica a través de un mensaje de datos, sin perjuicio del contenido, extensión, alcance y finalidad del acto.

    De acuerdo con lo anterior, la declaración de voluntad propia de las personas puede expresarse tanto de manera escrita u oral, así como de manera electrónica por medio de un mensaje de datos.

    Es así como la Ley 527 de 1999 en su artículo 6 dispone que cuando una norma exija que determinada información conste por escrito, este requisito se entenderá cumplido si ello consta en un mensaje de datos que sea susceptible de consulta posterior, ello, siempre y cuando se cumpla con los criterios establecidos por la Ley Modelo de la CNUDMI, a saber: (i) Proporcionar un documento legible; (ii) Asegurar la inalterabilidad del documento; (iii) Permitir la reproducción del documento; y (iv) Permitir la autenticación de los datos consignados suscribiéndolos con una firma.

    No obstante, el principio de los equivalentes funcionales no implica únicamente la equivalencia funcional de escrito referida anteriormente, pues cuando la Ley requiere que un escrito se encuentre firmado, este requisito también se entenderá cumplido cuando se haya utilizado la firma electrónica (por ejemplo: contraseñas, datos biométricos, códigos) o la firma digital (aquellas emitidas por las entidades de certificación).

    Por su parte, el equivalente funcional del original hace relación a la no alteración de la información electrónica, mientras que el equivalente funcional de archivo y conservación está orientado al requisito de evidencia digital.

    Es así como, mediante este principio en Colombia es viable la implementación, ejecución y celebración de cualquier tipo de negocio jurídico utilizando los medios electrónicos disponibles, constituyendo la piedra angular del comercio electrónico.

  • Arbitrariedad en materia tributaria municipal

     

    En Colombia, en la actualidad, muchas administraciones de impuestos municipales ejercen sus potestades sancionatorias y reguladoras de manera arbitraria, al desconocer los principios constitucionales y legales que deben orientar su función.

     

    Por un lado, frente a la potestad sancionatoria, el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011prescribió lo siguiente:

     

    “[…] Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

    […]

    En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem. […]”

     

    En virtud de lo establecido, la administración pública en materia sancionatoria, debe considerar, antes de interponer cualquier sanción, los principios: de legalidad, no reformatio in pejus, non bis in ídem y de presunción de inocencia y, en consecuencia, solamente podrá aplicar las sanciones cuando las mismas estén establecidas en la ley, no podrá sancionar varias veces a un sujeto por un mismo hecho, no podrá agravar la sanción interpuesta por el juez de primera instancia y, por último, la administración tendrá que desvirtuar la inocencia del sujeto.

     

    No obstante, como una de las manifestaciones de la ineficacia de los principios a los que se ha hecho referencia, ha sido la constante inversión en la carga de la prueba en el contribuyente, que en la práctica sancionatoria, debe demostrar que no realizó el hecho sancionable, so pena de que la administración confirme la sanción, situación que vulnera sus derechos de presunción de inocencia y debido proceso.

     

    Ahora bien, con relación a la potestad regulatoria y jerarquía normativa, el artículo 59 de la Ley 788 del 2002, estableció que:

     

    “[…] Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos […]”

     

    En el mismo sentido, en sentencia C No. 037 del 26 de enero del 2000, la Corte constitucional, a propósito de la jerarquía normativa indicó que las normas de carácter legal –incluso las que no son leyes en sentido formal, materialmente tienen su carácter como las del Estatuto Tributario Nacional, deben preferirse a las demás normas pertenecientes al ordenamiento jurídico entre las que se cuentan, por ejemplo, los acuerdos municipales, así:

     

    “[…] El ordenamiento jurídico colombiano supone una jerarquía normativa que emana de la propia Constitución. Si bien ella no contiene disposición expresa que determine dicho orden, de su articulado puede deducirse su existencia, así no siempre resulte sencilla esta tarea. En efecto, diversas disposiciones superiores se refieren a la sujeción de cierto rango de normas frente a otras. Además de ser evidente que las normas constitucionales ocupan, sin discusión, el primer lugar dentro de la jerarquía del ordenamiento jurídico, dentro de la propia Carta, no todas las normas son igualmente prevalentes. Pero más allá de la supremacía constitucional, de la propia Carta también se desprende que las leyes expedidas por el Congreso dentro de la órbita de competencias que le asigna la Constitución ocupan, en principio, una posición prevalente en la escala normativa frente al resto del ordenamiento jurídico. Así las cosas, tenemos que los actos administrativos de contenido normativo deben tener por objeto el obedecimiento y cumplimiento de la ley, de donde se deduce su sujeción a aquella. Tenemos entonces que, de manera general, la normatividad jurídica emanada de autoridades administrativas o de entes autónomos, debe acatar las disposiciones de la ley, tanto en su sentido material como formal […]”[1]

     

    De la sentencia, es posible inferir y en consecuencia afirmar, que el procedimiento tributario de los municipios y departamentos debe ceñirse al procedimiento tributario consagrado en el Estatuto Tributario Nacional, excepto cuando el procedimiento tributario de los municipios y departamentos se establezca en beneficio de los contribuyentes. No obstante, en muchos casos, las entidades territoriales ignoran las normas del Estatuto Tributario incluyendo en el régimen municipal y/o departamentales disposiciones procedimentales que desmejoran las condiciones del Estatuto Tributario Nacional vulnerando a los contribuyentes. Lo anterior, pone de manifiesto la importancia de conocer los principios constitucionales y los derechos de los contribuyentes con el objeto de ejercer veeduría y control de la administración en materia tributaria.